El tribunal que juzga la primera época de la trama de corrupción Gürtel (1999-2005) decidió el pasado 18 de abril citar a Rajoy como testigo a petición de la acusación particular ejercida por la acusación popular Adade. La Ley de Enjuiciamiento Criminal determina que Rajoy tenga que declarar ante el tribunal en el juicio oral, pero, en su artículo 731 bis, permite que lo haga por videoconferencia "por razones de utilidad, seguridad o de orden público".
En su escrito, registrado en la Audiencia el martes 16 de mayo, Moncloa argumenta que el desplazamiento del presidente del Gobierno a la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) en la que se celebra el juicio "implicaría un despliegue importante de recursos públicos". Por ello, considera "más conveniente" la videoconferencia, sostiene el escrito del Ejecutivo, que recuerda que es "un medio de prueba habitual y ordinario en los procesos penales como así lo avala la jurisprudencia que se ha pronunciado en relación con el modo de practicar la prueba testifical".
Asimismo, esgrime "razones de seguridad" para justificar su petición, dado que un eventual desplazamiento de Rajoy a la Audiencia o la posible constitución del tribunal en el despacho oficial del presidente -como ha pedido la acusación que ejerce Adade- "supondría un conjunto de medidas de seguridad ciertamente desproporcionadas" teniendo en cuenta que la prueba puede hacerse mediante un medio "menos gravoso".
Por último, sostiene el equipo de Rajoy que se trataría del medio "más adecuado teniendo en cuenta la intensa actividad del presidente del Gobierno, con numerosos actos y reuniones previstas tanto dentro como fuera de España". Esas circunstancias hacen que la videoconferencia sea el instrumento "más idóneo y menos perturbador" en el ejercicio de las funciones y responsabilidades que corresponden al presidente del Gobierno.