Las tecnologías actuales y los controles legales y sanitarios internacionales no permitirían introducir un chip en las futuras vacunas contra la COVID-19, pese a los mensajes difundidos en redes sociales y otros medios que denuncian esta operación como un plan en marcha para el control de la población.
La carrera por desarrollar una vacuna contra el coronavirus, que implica a centros de investigación, laboratorios, organizaciones e instituciones de numerosos países, ha dado pie a diversos mensajes y declaraciones públicas que advierten sobre el supuesto objetivo oculto de implantar en las vacunas un microchip que manipule a la población mundial con fines políticos y económicos.
Así, mensajes que se han hecho virales en Facebook y Twitter los últimos días alertan sobre la introducción en las futuras vacunas de un chip con nanotecnología de ADN "que puede controlar la actividad cerebral, el sistema nervioso y el sistema endocrino". ¿Con qué objetivo? En líneas generales, garantizar la sumisión de todos los vacunados a un nuevo orden político y económico.
Entre los nombres que los defensores de esta teoría suelen citar como impulsores o cómplices del ambicioso plan de control de la población a través de las vacunas destacan el multimillonario George Soros y, especialmente, el empresario y filántopo Bill Gates, cofundador de Microsoft. Y las acusaciones no se mueven exclusivamente en el ámbito de las redes sociales. Hace unos días, el presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), José Luis Mendoza, se preguntaba en público: "¿Por qué Bill Gates, Soros, anuncian hace años que se avecinaba el coronavirus? ¿Cómo ha venido esto? ¿Con qué motivo?".
En su intervención tras la ceremonia religiosa celebrada el pasado 13 de junio con motivo de la festividad de San Antonio de Padua, que fue retransmitida por la televisión regional Popular TV Murcia, Mendoza afirmaba: "Quieren también controlarnos cuando se encuentre la vacuna con un chip en cada uno de nosotros, para controlar nuestra libertad. Pero ¿qué se han creído? Esclavos y servidores de Satanás".
Los datos que lo desmienten
En realidad, es imposible implantar un microchip en una vacuna. Tecnológicamente sería inviable, pero, aunque no lo hubiera sido, los controles legales y sanitarios nacionales e internacionales lo impedirían casi con total seguridad, según los expertos consultados por EFE.
Desde el punto vista sanitario, introducir un chip en una vacuna es "prácticamente imposible" por los controles sanitarios y legales que debe superar hasta ser administrada a la población, ha explicado el doctor Amós José García Rojas, jefe de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno canario y presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV).
La preparación de una vacuna es "un proceso extremadamente riguroso y complejo", ya que, a diferencia de otros fármacos, su objetivo no es reparar daños, sino prevenirlos, advierte García Rojas, e insiste en que sería prácticamente imposible introducir un dispositivo electrónico "porque las vacunas son supervisadas y controladas por organismos internacionales".
El presidente de la AEV recalca que actualmente hay más de un centenar de estudios clínicos con posibles candidatos a vacunas contra el SARS-CoV-2, el virus responsable de la COVID-19, y cada uno de estos proyectos vacunales, antes de su comercialización, debe ser evaluado en tres fases, la primera de ellas centrada en si puede tener efectos adversos.
"Si hay algún efecto secundario no admisible, la vacuna no pasa de fase"
"No tiene sentido hablar de las vacunas como un instrumento de control cuando lo que consigues con ellas es evitar que haya más enfermos" advierte además el doctor García Rojas, quien lamenta que se difundan este tipo de mensajes "por el impacto tan negativo que generan en la sociedad". Y la primera fase de evaluación ¿qué supone? Pues "si hay algún efecto secundario no admisible, incluso antes de ponernos a pensar si la vacuna protege o si es eficiente, ya no pasa a la siguiente fase".
Así lo explica a EFE la doctora María Montoya, jefa del grupo de Inmunología Viral del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB-CSIC) y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología (SEI). Que una vacuna supere esta "fase I" requiere una evaluación de la autoridad estatal correspondiente, en España la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y a nivel comunitario la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), que son las que autorizan los resultados y permiten superar ese filtro.
"No se puede crear una vacuna sin la fiscalización de una autoridad estatal que es vinculante y está respaldada por leyes estatales y europeas; es algo que está penado con cárcel, no se puede hacer", recalca la doctora Montoya, antes de añadir: "Y tanto instituciones públicas como empresas privadas necesitan esa autorización, en un proceso en el que se discute y se examina cada coma".
Producir una vacuna es por tanto un proceso "largo y complejo", que puede llegar a durar hasta una década, si bien la investigadora del CSIC puntualiza que, en el caso de la COVID-19, se está intentando "acortar plazos" gracias a la cooperación internacional entre científicos.