El juez instructor del 'caso Rato' ha acordado la apertura de juicio oral al exvicepresidente del Gobierno de Aznar por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
La Fiscalía pidió para Rodrigo Rato 70 años de cárcel por 11 delitos contra la Hacienda Pública, así como de un delito de blanqueo de capitales, un delito de insolvencia punible, un delito de corrupción en los negocios y un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil.
A pesar de ello, la cantidad de años a los que se enfrente Rato será menor ya que en el auto del Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid, el magistrado rechaza la apertura de juicio oral por los delitos de falsedad continuada e insolvencia punible, tal y como había solicitado la Fiscalía.
Además, el juez impone al expresidente de Bankia una fianza de 65 millones de euros para hacer frente a la pena que pudiera serle impuesta. Rato tendrá un plazo de un día para abonarla tras la recogida del auto de apertura de juicio, que será el próximo 11 de junio. En caso de que el acusado no abonara las cantidades requeridas, se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.
La acusación de la Fiscalía
En su escrito, la Fiscalía señala que Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española, a través de diversas sociedades, entre ellas, la irlandesa Red Rose Investment, las panameñas Red Rose Finantial y Wescastle Corporation y la británica Vivaway Limited. Utilizando tales entidades, Rato habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco, entre otros lugares, en una operativa desconocida por la Hacienda Pública y que habrían constituido hechos imponibles desde el año 2005 hasta el año 2015.
El fiscal describe la colaboración particularmente relevante que en tales operaciones habrían tenido Santiago Alarcó Canosa, excuñado de Rato, y el asesor fiscal Domingo Plazas Ruiz, el primero manejando sus cuentas en el extranjero y gestionando estructuras societarias que servían a los intereses de Rato y el segundo administrando la sociedad española Kradonara, filial de Vivaway Limited y organizando la repatriación de parte de las cantidades blanqueadas a través de cuentas ómnibus tituladas por el trust gibraltareño Finsbury.
Según la Fiscalía, la documentación intervenida en el domicilio de Rato y en la sede de sus empresas en Madrid, ha permitido conocer que el exministro ha titulado también cuentas en Estados Unidos y Suiza desconocidas para el Fisco español, que ha operado a través de cuentas en territorios de baja tributación como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao y que se ha servido, presuntamente, de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de trust y sociedades opacas.