La exconsellera Salomé Pradas recurre su imputación y culpa a las "administraciones anteriores" por no encauzar barrancos como el del Poyo

La exconsellera de Justicia de Mazón, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Emilio Argüeso, han recurrido ante la Audiencia Provincial de Valencia su imputación en la causa abierta por la tragedia ocurrida el 29 de octubre de 2024, cuando la DANA provocó graves inundaciones en la región, resultando en la muerte de más de 200 personas.

En sus escritos de apelación, ambos defendieron su inocencia y cuestionaron las decisiones judiciales que los han señalado como responsables de la gestión de la emergencia.

La exconsejera, en su apelación, rechaza ser considerada la "máxima responsable" de la gestión de la emergencia, tal y como sostiene la acusación. Salomé Pradas defiende que la gestión del CECOPI, encargado de coordinar la respuesta ante la catástrofe, era compartida con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Según su defensa, la crisis fue gestionada por un "comité dual", integrado por autoridades de la Generalitat Valenciana y del Gobierno, y no atribuida a una sola persona.

Además, la exconsejera subraya que el Gobierno central tenía competencias directas en materia de protección civil, especialmente a través de la Delegación del Gobierno y organismos como la AEMT y la Confederación Hidrográfica del Júcar, que también intervinieron de manera relevante en los hechos.

La exconsejera ha señalado que la falta de medidas preventivas, como el encauzamiento de los ríos del barranco del Poyo y la construcción de la Presa de Cheste, obras no ejecutadas por decisiones de administraciones anteriores, fue la principal causa de las graves inundaciones. Pradas sostiene que estas infraestructuras, que estaban previstas desde 2005 y 2011, hubieran evitado o mitigado la magnitud de los desbordamientos, y que su falta de ejecución es lo que realmente provocó las muertes.

En cuanto a la gestión de la emergencia en sí, Pradas también cuestiona que la falta de un aviso inmediato a través del sistema de alertas Es Alert haya sido un factor determinante. No obstante, remarca que el problema era mucho más complejo y que la falta de coordinación entre los organismos involucrados contribuyó de manera significativa a la tragedia. Además, denuncia la "selva normativa" que existía entre las administraciones, lo que dificultó la toma de decisiones rápidas y efectivas.

Crítica a la judicialización del proceso

En su apelación, Salomé Pradas ha criticado la decisión de emprender una vía penal para depurar responsabilidades. La exconsejera asegura que el proceso penal es inapropiado para los objetivos de justicia, argumentando que la justicia penal no está diseñada para lidiar con catástrofes de esta magnitud, donde intervienen múltiples actores y organizaciones.

Según su defensa, el camino adecuado debería haber sido el contencioso-administrativo, ya que este tipo de tragedias deben abordarse a través de una reparación integral a las víctimas, y no mediante un proceso judicial que, a su juicio, se está tornando cada vez más incierto y frustrante.

Pradas compara la tragedia con otros eventos catastróficos en la historia de España, como las inundaciones de Valencia en 1957 o la gestión del COVID-19, que fueron gestionados desde el ámbito político y administrativo, sin que se atribuyeran responsabilidades penales a las autoridades encargadas de la respuesta.

Argüeso insiste en que el 112 no envió ningún aviso al CECOPI

Por su parte, el exsecretario autonómico de Emergencias de Mazón, también ha recurrido su imputación, defendiendo que no tenía competencia alguna para decidir sobre el envío de alertas a través del sistema 112. Argüeso insiste en que no tenía responsabilidad sobre la emisión de los mensajes de emergencia, su contenido o su tiempo de envío, ya que estos recaían directamente en los responsables del 112, y no en su persona.

Argüeso critica la decisión de la jueza encargada del caso de no haber llamado a declarar a la responsable del 112 durante aquellos días, mientras sí se ha citado a otros miembros del CECOPI. Argüeso remarca que, de acuerdo con la información que él maneja, el 112 no envió ningún mensaje de alerta al CECOPI en toda la tarde y noche del 29 de octubre, lo que agrava aún más la falta de respuesta ante la emergencia.