La UCO señala a Cristina Cifuentes por la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo de Arturo Fernández. Y lo hace por dos vías distintas. La primera: Cifuentes compatibilizó la presidencia de la mesa de contratación con la de miembro del comité de expertos que asesoraba a la mesa. Algo ilegal, según la UCO.
"Circunstancia contraria a la legalidad y que vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de la mesa de contratación", reza el escrito de la Guardia Civil. Además, asegura en su informe que las decisiones de la actual presidenta de Madrid eran las que decidían.
"La sitúa además como interviniente en las valoraciones arbitrarias y en la aprobación de esas mismas valoraciones efectuadas por la mesa de contratación en una decisión con potestad resolutoria", continúa el informe.
Por otro lado Cifuentes era patrona de FUNDESCAM cuando Arturo Fernández hizo sus generosos donativos a la fundación. Un dinero que, como apunta la UCO, sirvió para pagar gastos de la campaña de 2007: "Asimismo, pertenecía al Patronato de FUNDESCAM cuando se efectuaron las aportaciones de 160.000 euros del empresario y que fueron destinados a sufragar gastos de campaña".
Y ella fue responsable de Movilización Territorial en aquella campaña. Cifuentes siempre ha negado haber tenido un papel activo en FUNDESCAM. "Sólo figuraba como vocal", afirmó la dirigente madrileña durante una entrevista en laSexta Noche el pasado mes de marzo. Sin embargo, los agentes creen que Cifuentes podría haber cometido dos delitos.
"Los elementos probatorios puestos de manifiesto en el presente Informe Policial (...) podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho", se detalla en el informe. Fuentes jurídicas aseguran a laSexta que el juez Velasco de momento no ve indicios suficientes para seguir adelante con la investigación.