Casi siete de cada diez españoles cree que el rey Juan Carlos no debería abandonar España, pero sí el palacio de la Zarzuela. Así lo considera más del 68% de los ciudadanos, según el barómetro de laSexta. Es la opinión del 96% de los votantes de Unidas Podemos y del 89% de los del PSOE.
Más de la mitad de los votantes de Ciudadanos piensan que el rey emérito debería buscar otra residencia. Se opondrían casi el 70% de los votantes del PP y el 90% de los de Vox. En los despachos del Palacio de la Zarzuela se busca una salida a la situación fiscal del rey emérito, que podría pasar por una regularización voluntaria con Hacienda de su dinero fuera del país.
Si se acoge a esta opción antes de que le notifiquen que le están investigando, evitaría un procedimiento judicial. Así lo determina el artículo 305 del Código Penal: "La regularización por el obligado tributario de su situación tributaria impedirá que se le persiga por las posibles irregularidades contables”.
Un artículo que en 2012 modificó el ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, para dar garantías a los que se beneficiaron de su amnistía fiscal. Ahora podría ser Juan Carlos I el que sacara provecho del artículo. Pero regularizar los 65 millones escondidos en Ginebra y regalados a Corinna saldría caro al emérito. Tendría que pagar el 43,5% de esa cantidad, más un 20% de recargo y un 3,75% por año de demora.
También tendría que rendir cuentas por los intereses generados en el banco de Suiza. No habría consecuencias penales, aunque implicaría un reconocimiento implícito de fraude fiscal. Los expertos señalan que la investigación por blanqueo tiene pocos visos de prosperar. Cuando recibió los millones del rey de Arabia Saudí, Juan Carlos I no había abdicado. El Rey era inviolable.