Este lunes ha arrancado el juicio en la Audiencia de Valencia contra una mujer acusada de envenenar a su marido con laxantes durante meses, lo que finalmente le causó la muerte en abril de 2021. La Fiscalía ha solicitado una pena de 28 años de prisión, alegando que la acusada llevó a cabo un plan premeditado para eliminar a su pareja y apoderarse de su dinero.

La acusada, quien ha llegado andando a la Audiencia, ha declarado únicamente ante su abogada, insistiendo en que los laxantes eran para su uso personal y que lleva consumiéndolos desde los 17 años. "Después de tanto tiempo, ya no me hacen efecto", ha argumentado, negando rotundamente haber envenenado a su marido.

Sin embargo, la Fiscalía ha sostenido que la mujer compró más de 2.000 dosis de laxantes en farmacias de Valencia con el propósito de envenenar a su pareja, primero en su casa y luego en el hospital. Según la acusación, esta administración de laxantes provocó una diarrea aguda en el hombre, de 69 años, que derivó en su muerte. Además, mientras su marido estaba hospitalizado, la mujer habría retirado más de 88.000 euros de sus cuentas mediante 150 extracciones en cajeros automáticos.

Una de las policías encargadas de la investigación ha testificado que la acusada incluso solicitaba a la empleada del hogar que comprara los laxantes, alegando que eran para ella. La acusación particular, representada por el abogado de la hija del fallecido, ha sostenido que el móvil del crimen era económico, subrayando que las numerosas extracciones y compras realizadas con las tarjetas del hombre suman más de 120.000 euros.

El abogado de la hija del fallecido ha comentado a los periodistas que las sospechas aumentaron cuando los hijos revisaron las cuentas bancarias, confirmando las compras masivas de laxantes. Ha argumentado que una persona no podría consumir tal cantidad de laxantes sin necesitar atención médica, señalando la falta de visitas hospitalarias por parte de la acusada como un indicio más de su culpabilidad.

El juicio, que será decidido por un jurado popular, determinará si la acusada administró deliberadamente los laxantes para causar la muerte de su pareja. La defensa sostiene que no hay pruebas concluyentes y que todo se basa en suposiciones infundadas.