Alicia pasaba una mala racha. Hacía meses que sus ingresos no le daban para pagar este estudio en el que llevaba viviendo cinco años. Vivía sola, estaba divorciada, pero de sus apuros económicos nadie tenía conocimiento.

Detrás de una vida aparentemente normal, la situación le desbordaba. Pidió ayuda en el Ayuntamiento Madrid, pero aseguran que ni siquiera dejó sus datos. Este lunes la comitiva judicial llamó a su puerta, ella no llegó a abrirles, se arrojó desde el balcón.

Otro trágico final que recuerda los fallos del sistema. "No queremos que nunca más tragedias como la de ayer, y muchas otras que hayan quedado silenciadas, vuelvan a ser noticia, no debemos tolerarlo", ha asegurado José Luis Ábalos.

Es el cuarto desahucio por impago que se produce en España. Desde las asociaciones alertan de la desprotección que vive el inquilino frente a las subidas del alquiler.

"Eso se produce porque las leyes no garantizan los derechos que tienen los inquilinos cuando se enfrentan a un procedimiento de deshaucio ya sea por pago o por extinción de contrato", explica Alejandra Jacinto, abogada de la PAH.

Las asociaciones insisten en que se garantice el seguimiento de casos como el de Alicia. Ella pidió ayuda. Hoy se preguntan quiénes han sido los responsables de su desesperación.