Las 629 personas que viajan en el Aquarius se encuentran en una situación "límite", según cuenta Mónica Oltra: entre ellos hay más de 120 niños y mujeres embarazadas, están "hacinados" y tienen alimentos para 24 horas, ha señalado Oltra en declaraciones a la Cadena SER.
En Onda Cero, explicó que "hasta ahora el Gobierno de España cerraba la puerta a las Comunidades Autónomas a ejercer el derecho humanitario de acoger a refugiados. Pero este nuevo Gobierno sí ha estado a la altura"
La vicepresidenta valenciana ha explicado que Cruz Roja se va a encargar, dada su amplia experiencia, del dispositivo de la acogida durante las primeras horas y los primeros días de los inmigrantes, y que ya están preparadas las camas y los alimentos necesarios para cuando desembarquen en el puerto de Valencia.
Ha precisado, además, que han pedido tener una "radiografía" de los perfiles de estas personas para saber antes de que lleguen a Valencia su situación médica o las edades de los niños, con el objetivo de poder preparar mejor los dispositivos para atenderles.
Además, en la reunión de la comisión para la atención y acogida de personas refugiadas y desplazadas forzosamente, convocada para esta tarde, se tratarán las "derivaciones" de estas personas tras la primera acogida, para lo que cuentan con el ofrecimiento de las otras diez comunidades autónomas que, junto a la Comunitat Valenciana, firmaron en 2015 un manifiesto para poder acoger a refugiados.
Oltra ha asegurado que todas las ONG están movilizadas, así como entidades privadas, el Arzobispado de Valencia y personas a título individual, y ha agradecido a la sociedad valenciana y a la española que se haya "volcado" con ofrecimientos para asistir a estas personas.
"Esto no podríamos hacerlo si no tuviéramos una sociedad que está absolutamente comprometida con el derecho humanitario y que no quiere que nuestro Mediterráneo se convierta en una fosa común, sino que sea el frente de culturas y de pueblos que siempre ha sido", ha asegurado.
Piden una regulación estricta
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Los detalles Más de 15.000 personas han firmado una petición para regular el acceso a las máquinas de juego en bares y cafeterías, que son el punto de entrada de muchos menores al juego y ponen en peligro el tratamiento de los adictos que se autoexcluyen.