España violó el derecho a la vivienda de una familia con hijos menores, que fue desahuciada en 2013 de la habitación en la que vivían en Madrid sin que se les proporcionara vivienda alternativa, según los expertos independientes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
La denuncia ante esta instancia de la ONU fue presentada por Mohamed Ben Djazia Bourmouz, de nacionalidad española, y Naouel Bellili, de nacionalidad argelina, en su nombre y en el de sus hijos menores de edad, ambos españoles.
Mohamed Ben Djazia Bourmouz vivía en una habitación alquilada en un piso de Madrid desde el 15 de julio de 1998 y cuando en 2009 se casó con Bellili, ésta se trasladó a la habitación, donde continuaron viviendo después del nacimiento de sus dos hijos.
Los autores pagaban regularmente la renta mensual de alquiler y debido a sus bajos ingresos desde 1999 Ben Djazia solicitó al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) una vivienda pública. El denunciante percibió un subsidio mensual de desempleo hasta el 21 de junio de 2012, pero al no tener ingresos, no pudieron pagar el alquiler de la habitación en los siguientes meses.
En noviembre de 2012, la arrendadora presentó una demanda de juicio verbal de desahucio por expiración del plazo fijado en el contrato y en marzo de 2013, Ben Djazia solicitó una renta mínima de inserción (RMI) a la Comunidad de Madrid. En mayo de ese año un juzgado declaró que el contrato de arrendamiento había concluido por expiración del plazo contractual, y ordenó el desalojo de la familia.
El 3 de octubre de 2013, fueron desalojados y el Servicio Municipal de Emergencia-SAMUR dio albergue temporal a la familia, donde permanecieron 10 días hasta que las autoridades les invitaron a abandonarlo. Después de ese período, durmieron en el automóvil durante cuatro días hasta que pudieron trasladarse al lugar de un conocido que les ofreció alojamiento durante varias semanas.
En su dictamen, que no tiene carácter vinculante, el Comité determinó que, pese a que la orden judicial de desahucio era legal, las autoridades no habían tomado todas las medidas necesarias para proporcionar a la familia una vivienda alternativa.
Los expertos de la ONU instan a España, Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), a tomar todas las medidas necesarias para ayudar a esta familia a obtener una vivienda adecuada, así como a otorgarle una indemnización por la violación de sus derechos.
El Comité determina igualmente que España debe formular y aplicar un plan integral que garantice el derecho a la vivienda adecuada de personas con bajos recursos.