Ricardo y Josefina tenían un trabajo y una vida "normal" hasta que la crisis económica les llevó al paro en 2013. La situación se alargó, agotaron todas las prestaciones y llegó un momento en el que no pudieron pagar el alquiler del piso en el que vivían en Vallecas, en Madrid. Así que, junto a sus tres hijas pequeñas, emprendieron el único camino que vieron posible: la okupación. "Es un fracaso absoluto, al principio tienes un sentimiento de culpa, luego ves que no, que es una situación de abandono institucional", apunta Ricardo.
En 2015 entraron a una vivienda vacía propiedad de un banco (que luego compró un fondo de inversión) en el distrito de Villaverde y desde entonces aseguran que no han dejado de intentar regularizar su situación, solicitando vivienda pública desde antes de la okupación e intentando negociar un alquiler social, sin éxito. Han tenido varios intentos de desahucio, siempre fracasados gracias al apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la que él es hoy también un conocido activista.
Su lucha la conocen hasta en Naciones Unidas, a la que se ha dirigido en varias ocasiones, y que ha pedido al Estado español la paralización de su desalojo. Y como la suya, es la historia de otras muchas familias, porque el caso de Ricardo y Josefina es el perfil mayoritario de la okupación en España: personas sin recursos que no pueden afrontar el pago de una vivienda. Una situación que, para los expertos, no es más que el espejo del fracaso en políticas públicas de vivienda.
¿Cuál es la situación real de la okupación en España?
Debido a su carácter clandestino, se desconoce con total certeza cuántas viviendas hay okupadas a escala nacional. La fundación Institut Cerdà realizó un estudio en 2017 y estimó unas 87.500, lo que es un 0,3% del parque de viviendas total. Desde entonces, han pasado casi cinco años en los que la fuerte subida de los alquileres y la pandemia han alimentado la principal causa que define la okupación en España: la pobreza.
Pero a menudo, la política dibuja un perfil diferente. Cuando Ayuso entró en el Gobierno de Madrid en 2019, ésta era la comunidad donde más habían descendido las denuncias por okupación de viviendas de los últimos cinco años. A pesar de ello, la entonces candidata hizo de la okupación uno de sus temas centrales de campaña. Llegó a advertir en un mitin de que los ciudadanos podrían perder sus casas a la vuelta de las vacaciones y quePodemos se las entregaría a sus "amigos okupas". Es improbable que Ayuso sabía que ese tipo de okupación es minoritaria. Pero el discurso del miedo ya estaba servido.
Lo que sí conocemos son las okupaciones que se suceden año tras año a través de los casos denunciados, y en ese sentido los datos muestran que la situación de Madrid no es precisamente la que peor ha evolucionado en los últimos tiempos: Cataluña, Canarias, Baleares, o Andalucía tuvieron una tasa de okupación por viviendas mayor que Madrid tanto en 2019 como en 2020, los últimos años de los que hay datos completos.
Pero Cataluña es, sin duda, la que presenta peores cifras. Con 17 denuncias por cada 10.000 viviendas (un 0,002%), triplicó en 2019 a las comunidades antes citadas, incluida Madrid y supera en más de 10 veces a las seis comunidades con menor índice. En el siguiente mapa puedes ver el cálculo realizado a partir de los datos facilitados por el Ministerio del Interior a laSexta.com, que van desde 2015 hasta septiembre de 2021.
Si echamos la vista atrás, y como citábamos antes, vemos que en todas las comunidades habían aumentado las denuncias por okupación en 2020 con respecto a 2015, excepto en Madrid.
En el total de España, las denuncias no han dejado de subir desde 2016, y han pasado de casi diez mil en ese año a 14.792 en 2020m como vemos a continuación. Es decir, han subido de 27 a 40 diarias en todo el país en esos cuatro años. Cataluña registra casi la mitad de los casos de toda España.
¿Qué alimenta la okupación?
En España, la okupación es un delito recogido en el Código Penal que puede darse de dos formas: la usurpación de vivienda, como un delito leve sin pena de prisión; y el allanamiento de morada, que puede tener una pena de hasta cuatro años de cárcel. La diferencia entre los dos radica en que en el allanamiento de morada se trata de una vivienda habitada, sea como habitual o segunda residencia.
Esta última forma, que es la que describía Ayuso, es la minoritaria. Los datos de denuncias de Interior no detallan entre uno u otros, ni se publican desglosados en su Sistema Estadístico de Criminalidad. Además, buena parte de los casos se acaban resolviendo por la vía civil, por lo que no acaban entrando siquiera en las estadísticas de procedimientos penales.
Tampoco existe una base de datos sobre el tipo de propietario víctima de la okupación, aunque abogados y expertos consultados aseguran que la gran mayoría son personas jurídicas, sobre todo bancos o fondos de inversión (también los llamadas fondos 'buitre'). La menor parte son pequeños propietarios.
La mayoría de los casos de okupación son familias sin recursos que no pueden afrontar el pago de una vivienda
Aunque una parte de los okupantes sí tiene perfil criminal, yexisten mafiasdedicadas a ello, la mayoría de los casos de okupación son familias sin recursos que no pueden afrontar el pago de una vivienda. Y la subida de los precios del alquiler ha sido un factor importante que ha contribuido a ello. Para Héctor Simón, director de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universitat Rovira i Virgili, es un ejemplo de la "política errática de vivienda" que se ha dado en España, que ha incentivado las "burbujas, de propiedad o de alquiler".
Para este profesor, la situación revela "el fracaso de las políticas públicas".
Empezando por la saturación de los juzgados y el aletargamiento de los casos: "El plazo medio para echar a un okupa es un año y medio", indica Claudio Costa, abogado especialista en derecho de la vivienda de Barcelona. Eso desincentiva las denuncias, por lo que, según este abogado "existen más casos de okupación de los que realmente se reportan". En otros casos, los propietarios acaban accediendo a negociar con los okupas con tal de agilizar su salida.
Sobre la situación de Cataluña, este abogado achaca las cifras tan altas de okupación a la fuerte subida del alquiler de la ciudad de Barcelona y alrededores, donde se concentran la mayoría de los casos. Además, considera que las políticas de vivienda de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona, gobiernado por Ada Colau desde 2015, han ofrecido un "amparo" a la okupación.
Al igual que en Barcelona, las islas, las grandes ciudades y las zonas de costa, son los lugares donde más okupación hay, por el precio del alquiler y por la mayor presencia de viviendas vacías.
La okupación en pandemia
Y junto a todas las crisis habituales (paro, precariedad, precio de la vivienda), llegó la del coronavirus para seguir engordando el problema. Si comparamos los datos de 2021, que llegan hasta septiembre, con los del mismo periodo de 2019, las denuncias porokupación han aumentado en todas las comunidades. Con una media nacional de un 25%, la situación se ha agravado especialmente en la región de Murcia y Baleares, que casi duplican los casos de 2019 y ya superan los 400 en esos tres trimestres.
En comunidades pequeñas o en las ciudades autónomas, que contaban con pocos casos, el aumento hace que la variación parezca desproporcionada. Por ejemplo, en La Rioja, donde apenas hubo 7 casos entre enero y septiembre de 2019, se han quintuplicado los casos y alcanzaron nada más que 37. También en Ceuta, que ha pasado de 4 a 16, como se puede ver en los siguientes gráficos.
Tras un leve freno en los primeros meses de la pandemia, parece que en 2021 la tendencia es a que la situación ha empeorado. Algunos apuntan a una causa clara: la crisis económica, sumada a las medidas sociales del Gobierno central, ha propiciado un aumento de casos.
Así lo explica José Ramón Felipe, abogado madrileño que lleva a menudo casos de usurpación: "La gente se ha quedado sin trabajo, muchos lo están pasando muy mal y eso ha motivado que se den más casos". A esto, añade, se ha extendido el conocimiento de que no se puede echar a las personas en situación de vulnerabilidad, por lo que, apunta, "el campo está abonado para una okupación".
El abogado se refiere al llamado 'escudo social' que presentó el Gobierno, el decreto Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Con ánimo de proteger a los más damnificados por la crisis económica, el Gobierno de Sánchez suspendió los lanzamientos de desahucios "para hogares vulnerables sin alternativa habitacional". En principio, la medida pretendía estar vigente solo durante el estado de alarma, aunque se ha ido prorrogando y seguirá vigente al menos hasta el próximo 28 de febrero.
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La medida, que iba dirigida a personas con contrato de alquiler, y que incluía ayudas para los arrendadores, se extendió en una modificación siguiente a personas sin título acreditado y para viviendas de grandes propietarios, siempre que la entrada a la vivienda haya sido pacífica, esto es, la usurpación. No obstante, se requiere acreditar la vulnerabilidad con unos baremos de renta, por lo que no puede acogerse cualquiera. Aun así, los desahucios no se han parado en su totalidad, y en 2020 se produjeron cerca de 30.000 alzamientos, la mitad de lo que era habitual antes de la pandemia.
Para Costa, esto ha supuesto "un desequilibrio en favor de los derechos sociales, en favor del derecho a la vivienda y el propietario ha quedado desprotegido".
Desde la PAH cuyo lema es el archiconocido 'Stop desahucios', niegan que esa medida sea la causa: "Es la propia crisis, el exceso de desahucios y la falta de vivienda pública donde garantizar el derecho a la vivienda de quien menos tiene lo que hace aumentar la ocupación", explica su portavoz, Juano Ramón. El problema viene de antes, y en estos dos años se ha "cronificado". Así lo dice Mercedes Revuelta, activista: "No estamos afrontando el problema estructural de la vivienda, la gente okupa por necesidad mayoritariamente". Revuelta pide "ya" una ley estatal de vivienda, que está en camino, pero le queda: el Gobierno la aprobará este mismo martes en Consejo de Ministros, pero todavía tendrá que pasar por Congreso y Senado antes de entrar en vigor.
Madrid abrirá el 112 antiokupas
Lo cierto es que la fijación de la presidenta madrileña por el asunto no quedó en un discurso de campaña, y la Comunidad de Madrid ha seguido su batalla contra la okupación: el año pasado habilitó una 'app' para facilitar el acceso inmediato al Registro de la Propiedad e identificar al propietario lo antes posible (actuar rápido facilita el desalojo) y el próximo mes de marzo arrancará el teléfono 112 antiokupación de asesoramiento a ciudadanos.
Quien llame al teléfono de emergencias denunciando una okupación de inmueble será derivado a una plantilla de policías especial. Un servicio que arrancará con siete agentes pero que espera llegar hasta 16 parar cubrir las 24 horas los 365 días del año, según indica la Comunidad. El 112 anti-okupación tendrá un coste de 700.000 euros al año.
El próximo mes de marzo arrancará el teléfono 112 antiokupación de la Comunidad de Madrid
Según el Gobierno regional, en este momento hay 4.500 viviendas okupadas en la Comunidad, es decir, hay 1,5 viviendas ocupadas por cada 1.000 en la región. De ellas, 400 pertenecen a la Agencia de Vivienda Social (AVS). Hace unos meses decían que eran 2.000, pero ahora aclaran que se habían sumado a esos 400 las viviendas con impagos, que no son realmente okupas. Un ejemplo más de que la falta de datos consistentes sobre el problema puede llegar a desdibujar su dimensión real.
Con este teléfono, el Gobierno de Ayuso quiere además "poder resolver episodios de okupación en las primeras 24 horas, que es el momento crucial en el que se puede deshacer satisfactoriamente en muchas ocasiones", apuntan desde la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. También, dicen, crearán una base de datos de viviendas okupadas.
Lo cierto es que los madrileños ya tenían a su disposición un teléfono para denunciar okupaciones, el 900 100 301, así como el correo electrónico de la Policía madrid.ocupacion@policia.es para denunciar okupaciones, y una Oficina de Viviendas Ocupadas, que puso en marcha la delegación de Gobierno en 2016, aunque se desconoce su actividad y resultados, pues ni Interior ni la Delegación dicen tener datos.
También existe un botón específico para denunciar estos casos en la aplicación AlertCops del Ministerio del Interior.
A su vez, el Ayuntamiento de la capital creó una oficina antiokupación abril de 2021, y el teléfono de información 010 asesora también a los madrileños sobre cómo actuar ante una okupación ilegal, aunque no conecta directamente con la Policía como sí hacen las otras formas de contacto.
La solución, más allá de poner policías
La activista de la PAH no comulga con esta nueva medida, que considera que no resuelve el problema: "La Comunidad de Madrid lo que hace es aumentar la violencia verbal que se ejerce sobre ciudadanos que no tienen otra fórmula para vivir". El resto de fuentes consultadas también estiman que este nuevo servicio no ayudará mucho a acabar con la okupación, pues para que sea efectivo tiene que pillarse in fraganti a los ocupantes.
Y sugieren otras medidas, como la promoción de vivienda social, sacar al mercado las viviendas vacías o promover otros regímenes de tenencia intermedios como la propiedad temporal, apunta el profesor Simón.
Lo que debería hacerse es proteger la propiedad privada pero también buscar soluciones para estas personas
Para el abogado José Ramón Felipe, habría que endurecer el Código Penal y que la usurpación tuviera pena de cárcel para producir un efecto disuasorio. Sin embargo, el director de la Cátedra UNESCO cuestiona esa idea: "Las personas en situación de necesidad lo van a seguir estando". No obstante, sí considera que podría modificarse la legislación para que los jueves puedan adoptar medidas cautelares y poder recuperación de forma ágil de una vivienda: "No es que los propietarios tengan menos derechos, sino que ejecutar su derecho es muy lento".
Para este profesor, "lo que debería hacerse es proteger la propiedad privada pero también buscar soluciones para estas personas" y encontrar, en definitiva, un equilibrio que "trascienda a cualquier debate ideológico".
