Ya son dos las CCAA que han decidido establecer el certificado COVID como obligatorio para acceder a algunos establecimientos: en el caso de Cantabria y Galicia, en bares y restaurantes; mientras en Andalucía, el Gobierno tiene en mente aplicarla en pubs y discotecas, aunque la Junta ha decidido recular y pedirá el aval judicial para aplicar la medida.
Sin embargo, se trata de una medida que suscita dudas a nivel sanitario, ético y jurídico, como explica el experto José Martínez Olmos, ex secretario general de Sanidad y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, en Al Rojo Vivo.
"Creo que es una medida que pretende facilitar el funcionamiento de la actividad comercial de los locales. Desde el punto de vista de la salud pública, no hay garantías al 100% de que una persona con PCR negativa no pueda estar infectada. "No es posible garantizar 100% espacios libres de COVID, no puede haber esa garantía"", apunta el experto.
De este modo, Olmos asegura "no ser partidario" de la decisión, a la que además le ve lagunas jurídicas. "Hay dudas desde el punto de vista legal. Hemos visto la decisión del Tribunal Superior de Justicia Canario, y no tengo claro que al sector le parezca correcto esta medida", incide.
Así, el experto define la decisión de la Xunta de Galicia, Cantabria y Andalucía como "polémica", cuyo "mayor tropiezo" puede ser el jurídico. Por su parte, desde Sanidad ya remarcaron que el fin del certificado COVID no es restringir el acceso a estos establecimientos, sino facilidad la movilidad internacional. Todo ello, mientras hay otras tantas CCAA que se han posicionado en contra, al entender que podría suponer una discriminación para la población que no ha tenido la oportunidad de recibir la inyección contra el coronavirus.
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