En Argentina, la tensión social continúa en aumento mientras persisten las manifestaciones en demanda de la liberación de los 33 detenidos durante las protestas de hace una semana contra las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei. De las 33 personas arrestadas inicialmente, acusadas de una variedad de delitos que incluyen actos contra el orden público, la constitución y la democracia, solo cinco permanecen detenidas.

Los detenidos enfrentan cargos que podrían acarrear penas de hasta 15 años de prisión. La mayoría de ellos fueron arrestados el mismo día en que se aprobó el primer paquete de reformas, en medio de disturbios que incluyeron incendios de coches y contenedores, lanzamiento de piedras y otras acciones violentas. Sin embargo, muchas de las detenciones ocurrieron lejos de los disturbios, en calles aledañas, de manera que organismos internacionales han calificado como "arbitraria".

El gobierno ha justificado las detenciones amparándose en la nueva ley de seguridad aprobada en diciembre, la cual permite la detención de manifestantes incluso si se encuentran alejados de los disturbios. Un ejemplo destacado es el caso de una funcionaria del Ministerio de Economía con 15 años de servicio, quien fue arrestada a dos manzanas del Congreso y, a pesar de la evidencia en video de su ubicación, sigue encarcelada.

La misma noche de las detenciones, 17 personas fueron puestas en libertad, mientras que las 16 restantes, incluida la funcionaria, fueron trasladadas a cárceles. Desde entonces, las manifestaciones diarias exigen su liberación. Este jueves, la jueza a cargo del caso ha ordenado la excarcelación de otras 11 personas, admitiendo que no hay pruebas suficientes para sostener las acusaciones, a pesar de que fue ella quien ordenó su encarcelamiento hace ocho días.

Los detenidos han denunciado haber sufrido condiciones inhumanas durante su detención, incluyendo pasar horas en el suelo de la comisaría, recibir golpes y no tener acceso a su medicación. Esta situación ha motivado la intervención de la ONU y Amnistía Internacional, que preparan denuncias mientras los cinco detenidos restantes esperan una decisión judicial.

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