La investigación del caso Koldo ha tomado un rumbo inesperado con la Fiscalía Anticorrupción, señalando al exministro José Luis Ábalos como el "jefe de una organización criminal". Esta acusación se enmarca en una serie de delitos, que incluyen tráfico de influencias y cohecho, y que, según la fiscalía, presentan indicios sólidos que podrían llevar a su imputación.

Ábalos, quien fue número 3 del PSOE, se enfrenta a graves acusaciones que sugieren que favoreció a empresas vinculadas a la trama a cambio de contraprestaciones. Entre las denuncias más impactantes se encuentra el presunto pago de un chalé en Cádiz y el alquiler de un piso en Madrid, ambos relacionados con lo que la UCO definió como su "relación particular" con empresarios implicados en el escándalo.

La posibilidad de que Ábalos sea detenido en un futuro cercano no puede descartarse. Sin embargo, dado su estatus de aforado, el proceso deberá ser elevado al Tribunal Supremo, donde se analizará el riesgo de fuga. Según el periodista de laSexta experto en Tribunales, Alfonso Pérez Medina, la situación es delicada, aunque es relevante destacar que ninguno de los otros miembros de la trama está en prisión por este asunto.

El siguiente paso corresponde al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, quien deberá elevar la causa al Supremo. La sala segunda del alto tribunal, al abrir la causa contra Ábalos, tendrá que nombrar un juez instructor que solicitará un suplicatorio al Congreso de los Diputados. Solo tras obtener este permiso podrá citar a Ábalos, llevando su caso al Tribunal Supremo.

Este nuevo giro se produce en un contexto complicado para el Gobierno de Pedro Sánchez, quien recientemente ofreció disculpas en el Congreso por los casos de corrupción, afirmando que "lamentamos la situación y actuamos desde el inicio".

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