Este miércoles, el Banco de España reiteró la necesidad urgente de una intervención pública en el mercado de la vivienda, justificando esta medida por el "elevado esfuerzo" que los ciudadanos deben realizar para poder pagar el alquiler. En este contexto, es importante mencionar algunas estadísticas que reflejan la situación actual del mercado de la vivienda en España. Actualmente, existen 3,6 millones de inmuebles en alquiler, de los cuales el 45% de los inquilinos se encuentran en riesgo de exclusión social.

Además, se estima que cuatro de cada diez inquilinos destinan más del 40% de su renta al alquiler, lo que resulta insostenible para la mayoría. En cuanto a la necesidad de vivienda social, España requiere aproximadamente 1,5 millones de viviendas que se ajusten a esta categoría. También es relevante señalar que la vivienda turística representa el 11,8% del total de las viviendas en alquiler, y que los grandes propietarios concentran el 8% de esta oferta.

Ante esta grave situación, el Banco de España enfatiza la necesidad de intervenir en el mercado de la vivienda y sugiere diversas propuestas para lograrlo. En primer lugar, se plantea la construcción de vivienda pública como una medida fundamental. Sin embargo, es importante señalar que esta construcción está prácticamente paralizada en la actualidad y que las viviendas que se han edificado en años anteriores ya se encuentran en el mercado, lo que ha contribuido al ciclo de especulación existente. Aunque construir más vivienda pública es una solución necesaria a largo plazo, no resulta inmediata ni siempre efectiva en la actualidad.

Una alternativa que se presenta es la posibilidad de aprovechar las viviendas que ya están construidas y que se encuentran vacías. En España hay alrededor de 3,9 millones de viviendas vacías, además de 350.000 pisos turísticos. En total, esto suma más de 4 millones de pisos que podrían estar disponibles para el alquiler, lo que podría aliviar en parte la presión sobre el mercado.

Para fomentar que estas viviendas vacías sean puestas en el mercado, se propone aumentar la fiscalidad sobre ellas, lo que incentivaría a los propietarios a alquilarlas en lugar de mantenerlas desocupadas. En el caso de los pisos turísticos, las asociaciones de inquilinos sugieren que se legisle para prohibir o restringir su uso, tal como se ha llevado a cabo en otras ciudades del mundo como Berlín y Nueva York, donde se han implementado duras restricciones. Estas viviendas, ubicadas en grandes ciudades y zonas con alta demanda, deberían estar disponibles para los residentes que viven en esos barrios, en lugar de ser utilizadas exclusivamente para el turismo.

Asimismo, se intentó realizar una intervención mediante la ley de vivienda, pero esta no ha tenido el efecto deseado, ya que su aplicación depende de las comunidades autónomas y solo ha sido implementada de manera efectiva en Cataluña. Por ello, se sugiere que se establezcan leyes más estrictas y claras que se apliquen de forma uniforme en todo el país.

Además, el sindicato de inquilinos aboga por regular el alquiler temporal y por habitaciones, estableciendo un límite de tiempo más acotado para estas modalidades, argumentando que de lo contrario se generan vacíos legales que permiten abusos. También solicitan la implementación de contratos de alquiler indefinidos, lo que proporcionaría estabilidad a los inquilinos y evitaría que los propietarios puedan incrementar los precios de forma arbitraria, lo que contribuiría a mejorar la situación general de la vivienda en el país.

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