La denuncia de Elisa Mouliaá contra Íñigo Errejón ha desatado un torrente de acusaciones y preguntas sobre la responsabilidad de los partidos políticos en casos de violencia machista. En junio de 2023, Errejón ya había sido acusado en redes sociales por una joven de haber cometido una agresión sexual durante un festival en Castellón. Aunque este hecho fue denunciado públicamente, no se iniciaron acciones judiciales al respecto, y se conocía que el político enfrenta problemas de adicción.
Ante esta situación, surge la cuestión sobre las acciones que deben tomar los partidos políticos. Según la Ley de Partidos Políticos, todas las organizaciones deben contar con un protocolo para abordar la violencia machista cometida por sus afiliados. En este contexto, el partido Sumar carece de un protocolo, mientras que Más Madrid sí cuenta con uno, lo que implica que debe investigar cualquier reporte de contactos físicos inapropiados, aunque tales investigaciones no necesariamente resulten en sanciones.
Desde Más Madrid, se ha confirmado que se llevó a cabo una investigación tras hablar con Errejón. Sin embargo, surge la inquietud sobre el conocimiento que pueden tener los partidos sobre la vida privada de sus miembros. Todos los involucrados han declarado que no sospecharon de comportamientos delictivos por parte de Errejón. Rita Maestre, expareja del político, afirmó en una carta que no tenía conocimiento de lo que él hacía fuera de su hogar, mientras que Errejón, en su comunicado, enfatizó la distinción entre su vida personal y su figura pública.
Finalmente, la pregunta sobre si un afiliado a un partido o un empleado de una empresa puede ser despedido por su vida privada, como en el caso de tener adicciones, queda clara: si no se demuestra que estas adicciones afectan su rendimiento laboral, no deberían ser motivo de despido.
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