Desde el momento en que José Luis Ábalos fue apartado del grupo socialista, su situación ha dado un vuelco sin precedentes. Aunque el PSOE le ha retirado su apoyo, Ábalos conserva su acta de diputado, una decisión que ha generado un intenso debate sobre la propiedad de ésta y si su actitud podría considerarse como transfuguismo. La Constitución es clara al respecto: el acta pertenece al diputado, no al partido, asegurando su independencia dentro del poder legislativo.
La resistencia de Ábalos a abandonar su acta ha chocado frontalmente con los estatutos federales del PSOE, llevando a la ejecutiva del partido a suspenderlo cautelarmente y abrirle un expediente disciplinario.
Esta medida, lejos de ser una mera formalidad, podría culminar en su expulsión del partido si se confirman las acusaciones de infracciones graves planteadas contra él, lo que evidencia la profunda fractura entre el diputado y su antigua formación.
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La controversia se centra también en si el paso de Ábalos al grupo mixto constituye un acto de transfuguismo. Según el pacto antitransfuguismo, el transfuguismo implica la traición al partido, algo que, técnicamente, Ábalos no ha cometido, ya que no ha abandonado el PSOE ni se ha alineado con otra formación política. Esta situación lo deja en una posición ambigua: no es considerado un tránsfuga, sino un diputado no adscrito, manteniendo su capacidad de voto en el Congreso.
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