Sin acceso a una vivienda digna
La realidad de la vivienda protegida en España: precios desorbitados y puertas abiertas a la especulación
Las consecuencias El alto precio y los estrictos requisitos de acceso a estas viviendas protegidas perpetúan la desigualdad, convirtiendo lo que debería ser una solución para familias vulnerables en una oportunidad de inversión para quienes pueden permitírselo.
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, pala en mano y con el eslogan 'Sevilla para Vivir' de fondo, ha colocado la primera piedra de un bloque de viviendas de protección oficial (VPO) de la ciudad. Sin embargo, los pisos tienen un precio de 350.000 euros, una cifra desorbitada para un modelo de vivienda supuestamente destinado a familias con ingresos ajustados.
El acceso a estas viviendas es, además, un lujo reservado para quienes cuentan con un colchón económico considerable. Para optar a uno de estos pisos, es necesario disponer de 60.000 euros de ahorro previo, una cantidad que triplica el salario medio anual en Sevilla. Así, la protección oficial en este caso parece limitarse solo al nombre, dejando fuera a quienes más la necesitan.
Una protección que dura solo siete años
Más allá del precio y las condiciones de acceso, el modelo elegido para estas VPO abre la puerta a la especulación. En apenas siete años, estas viviendas perderán su calificación de protegidas y podrán venderse libremente en el mercado, lo que permite a sus propietarios obtener plusvalías en un tiempo récord.
Las viviendas de protección oficial suelen establecer limitaciones a la venta durante décadas o incluso de forma indefinida, precisamente para garantizar su función social. Sin embargo, en este caso, la normativa permite que, tras un corto periodo, estos pisos puedan venderse al mejor postor. El resultado: la vivienda protegida deja de ser un mecanismo de acceso para familias vulnerables y se convierte en una oportunidad de negocio para quienes pueden permitirse la inversión inicial.
Las CCAA disparan los precios de la vivienda protegida
El precio de la vivienda protegida en España varía según la comunidad autónoma, ya que cada una establece un tope máximo por metro cuadrado. No obstante, en los últimos dos años, regiones como Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana han aprobado incrementos de más del 30%, encareciendo el acceso a este tipo de vivienda y dejando fuera a muchas familias con rentas bajas.
Las administraciones justifican estas subidas como una medida para incentivar a los promotores privados. Con el encarecimiento de los costes de construcción, las comunidades han optado por elevar los precios máximos de venta para que las empresas sigan interesadas en construir VPO. El problema es que este modelo deja en desventaja a quienes realmente necesitan este tipo de vivienda, ya que los nuevos precios y los requisitos de acceso favorecen a rentas medias y altas.
Así, la vivienda protegida, que nació como un escudo para garantizar el derecho a la vivienda de las familias más vulnerables, se convierte en una oportunidad de inversión para quienes pueden permitírselo. Mientras los promotores ven aumentar su margen de beneficio, miles de familias en Sevilla y en el resto de España siguen sin acceso a una vivienda digna.