La crisis de vivienda en España ha cobrado protagonismo tras las masivas manifestaciones de este domingo, donde miles de ciudadanos exigieron soluciones efectivas ante el aumento desmedido de los precios. En respuesta, el Gobierno ha reiterado su compromiso con la creación de 200 millones en bonos destinados al alquiler joven, una medida que, aunque bien recibida, ha suscitado controversia y críticas por su falta de impacto real.

El anuncio se produce en un contexto donde la Ley de Vivienda, que las comunidades autónomas no están cumpliendo, se queda corta en soluciones. Este lunes, el Gobierno ha prometido regular el fraude en viviendas turísticas, una medida que, según sus socios de Sumar, es insuficiente y plantea la necesidad de un número ingente de inspectores para su implementación. La Ley de Vivienda, al no incluir los pisos turísticos, ha generado un clamor por un enfoque más robusto que contemple la intervención directa del mercado.

Desde Sumar, se ha enfatizado la urgencia de limitar el número de pisos turísticos y establecer topes de precios en las zonas más tensionadas. Esto refleja un creciente consenso en la necesidad de una intervención estatal más decidida para abordar la crisis habitacional.

Entre las propuestas sobre la mesa, destacan tres acciones clave. En primer lugar, la promesa del presidente Pedro Sánchez de no solo construir, sino también comprar más vivienda pública para elevar el parque de viviendas al nivel de otros países europeos. En segundo lugar, se sugiere regular la compraventa en áreas tensionadas, ya sea prohibiendo la adquisición de pisos para uso temporal o restringiendo la compra por parte de fondos de inversión que especulan con el mercado. Por último, se plantea un mayor impulso al alquiler social, fijando precios por debajo del mercado para moderar el impacto en el sector privado y aliviar la presión sobre las familias.

Los datos son alarmantes: desde 2015, el precio medio del alquiler en España ha aumentado un 30%, con más de 350.000 pisos turísticos en operación a principios de año, lo que ha contribuido a la escasez de oferta. En este sentido, el intervencionismo en el mercado, que el Gobierno no descarta, se presenta como una posible solución para evitar que las familias destinen más del 30% de sus ingresos a la vivienda.

Aunque las políticas de vivienda son competencia de las comunidades autónomas, más del 70% de las medidas se financian con fondos estatales, lo que otorga al Gobierno un papel crucial en la búsqueda de soluciones.

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