En un domingo nublado, Madrid se llenó de voces en defensa del derecho a la vivienda digna. Según los organizadores, alrededor de 150.000 personas se unieron a la manifestación, mientras que la Delegación del Gobierno cifra la asistencia en 22.000. La protesta, convocada por medio centenar de asociaciones vecinales, sindicatos de inquilinas y plataformas de vivienda, puso de manifiesto la angustiosa situación del acceso a la vivienda en España, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, especialmente entre los jóvenes.
Los manifestantes marcharon por las calles de la capital con un claro mensaje: es necesario regular los precios del alquiler, ampliar la ley de vivienda y aumentar la disponibilidad de alquileres sociales. Además, exigieron la eliminación de los pisos turísticos y propusieron un llamamiento a los impagos de rentas como forma de protesta ante la crisis habitacional que afecta a las grandes ciudades.
Gonzalo Bernardos, economista, se pronunció sobre la situación, afirmando que "todos estamos de acuerdo en que el mercado de la vivienda y la posibilidad de acceder a una vivienda en propiedad y alquiler está mucho peor que hace seis años". Bernardos criticó al gobierno por no abordar de manera efectiva el problema, señalando que "todo lo que está haciendo es empeorar la situación". El economista comparó el mercado de la vivienda con una persona enferma que, al visitar al médico, recibe el diagnóstico de escasa oferta. "El sector público no quiere aumentar la oferta, no construye viviendas de protección oficial de alquiler", lamentó.
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Con estas palabras, Bernardos puso en evidencia la falta de acción de los principales partidos políticos, el PP y el PSOE, que, según él, han engañado a la ciudadanía durante años. "Dicen que les preocupa, pero en los últimos diez años no les ha importado absolutamente nada", concluyó, enfatizando que, ante la inacción del sector público, es el sector privado el que debe asumir la responsabilidad de aumentar la oferta de vivienda.
