La manifestación del 13 de octubre de las asociaciones vecinales y los sindicatos de inquilinos contra el rentismo y el alquiler abusivo arrojó una realidad que la izquierda institucional tiene que anotar. Ya no son bien recibidos y se les considera culpables de la situación. La manifestación pedía la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y se abucheó en la marcha a la comitiva de Más Madrid y de Podemos porque se les considera responsables por inacción. Esa realidad puede gustar o no, parecer justa o injusta, pero ha dejado en evidencia la brecha entre la base social a la que la izquierda aspira a representar y la izquierda institucional que ha dejado de ser una opción viable para solucionar el problema acuciante de la vivienda. Los hechos no se discuten, se acatan.

Hay una realidad incontestable que la izquierda institucional no puede afrontar nada más que mirando hacia otro lado y no queriendo asumir el papel que la gente les ha otorgado. PSOE y Unidas Podemos primero, y Sumar después, llevan desde 2018 en el Gobierno y la vivienda no ha hecho más que empeorar. No se lo han tomado en serio de manera estética y retórica nada más que cuando la gente ha dicho basta y ha empezado a apuntarles a ellos. La ley de Vivienda que se aprobó en el último minuto de la anterior legislatura, más como primer acto de campaña que como medida efectiva, ha resultado un fiasco previsible por lo timorata y ridícula porque no se atrevía a cuestionar el dogma de la propiedad privada y la especulación rentista. Pero encima fue defendida como el maná que solucionaría todos los problemas. Un ejercicio propagandístico ridículo que además es contraproducente porque traslada la sensación de que la izquierda legislando sobre vivienda es incapaz. Sumar y Podemos son parte del problema porque nunca han querido asumir las consecuencias que implicaron e implicarían ser consecuentes con las ideas que dicen defender.

El PSOE ha reaccionado a la movilización masiva anunciando un montante de 200 millones de euros para bonos jóvenes al alquiler. La política institucional es una vía muerta para solucionar el problema de la vivienda de manera efectiva y solo queda acudir a la desobediencia civil y obligarlos a tomar medidas en las que no creen. Los bonos jóvenes solo servirán para subir los precios del alquiler subvencionando a los rentistas que en cuanto sepan que su inquilino recibe la ayuda subirán el precio. Lo que ha pasado siempre. La reacción a esta nueva ocurrencia de subvención al rentismo por parte de la izquierda institucional ha sido la de siempre, tuitear fuerte en contra y no hacer nada con el poder de sus votos.

Sumar y Podemos han creído que saliendo a la calle uniéndose a reivindicaciones provocadas por su incapacidad para cambiar las cosas desde el gobierno podían tapar ese inmovilismo de manera perpetua. Pero la manifestación a favor de una vivienda justa dejó en evidencia que también es contra ellos y poco pueden hacer para obviar que eso sucede. Ya se ha pasado el Rubicón y han perdido la bula de culpar al PSOE como justificación para permanecer en los gobiernos que no son capaces de dar soluciones y que ignoran la necesidad de unas demandas radicales. Tanto Sumar como Podemos han creído que bastaba distanciarse con mensajitos en redes o protestas inanes y vacías en ruedas de prensa para pretender mostrarse ante los suyos como alguien que aprieta fuerte los puñitos para poder mantener su capital político y poder seguir manifestándose en las calles con aquellos a los que aspiras a representar. Eso ya se terminó.

Lo único que puede justificar la permanencia en este Gobierno es una asunción radical de las demandas estructurales de la base social de la izquierda asumiendo cualquier coste o posibilidad de ruptura. Si el PSOE quiere romper que sea porque se le está empujando hasta posiciones inasumibles para ellos. Pero ni estuvieron dispuestos a hacerlo con Podemos al mando de la estructura de la izquierda antes, ni con Sumar ahora. En la próxima manifestación ya no solo se les abucheará, se les echará.

El Gobierno tiene como único objetivo la supervivencia, y eso puede ser muy útil para aquellos que viven del gobierno, pero su inutilidad para dar soluciones a los problemas que la base social les plantea solo logrará que los ultras que enseñan como espantajo para garantizarse ese gobierno inerme lleguen, y cuando lleguen, lo harán con mayor fuerza y legitimidad contra las políticas de izquierdas que no han sido capaces de plantear. La movilización contra el precio abusivo de la vivienda ha sido muy efectiva porque ha puesto en el foco a aquellos más próximos ideológicamente que están enterrando las posibilidades de la izquierda para la próxima década. La única manera de que las cosas puedan cambiar es hacer que el PSOE, Sumar, Podemos, IU, Bildu, ERC y cualquier partido que cree en la institucionalidad para cambiar las cosas se vea impugnado por la calle y se incomoden cuando quieran ponerse detrás de las pancartas que también les señalan a ellos. La calle va siempre contra el poder, y ellos ahora son poder, un poder vacío, inane y autorreferencial, pero poder. La izquierda en la calle a empujar y ellos, si quieren seguir llamándose izquierda, a obedecer.