Acampada y concentración
La masiva protesta vecinal logra paralizar el primer desahucio de un inquilino de la Casa Orsola de Barcelona
El conflicto Josep lleva más de dos décadas viviendo en este emblemático edificio barcelonés, ahora propiedad de un fondo de inversiones. Vecinos y activistas han conseguido evitar por ahora su desalojo, que se ha pospuesto unos días.
Josep se queda en su casa, al menos de momento. Su desahucio, el primero al que se enfrentan los residentes de la emblemática Casa Orsola de Barcelona, se ha visto aplazado a la madrugada del martes, después de que centenares de personas se concentrasen allí desde primera hora de este viernes para evitar su desalojo.
En torno a las 10:30 horas, tal y como estaba previsto, ha llegado la comitiva judicial, pero finalmente no ha ejecutado el desahucio ante la masiva protesta vecinal. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCV) ha confirmado ese aplazamiento ante la imposibilidad de ejecutarlo "en condiciones de seguridad". Sin embargo, su próximo intento ya tiene fecha y hora: será a las 05:00 de la madrugada del lunes al martes próximo.
El Sindicat de Llogateres, no obstante, volverá a intentar impedirlo y ya ha convocado a los vecinos a una nueva concentración en la Casa Orsola el lunes a las 21:00 horas. Su portavoz, Carme Arcarazo, ha cifrado en medio millar la asistencia a la protesta y ha asegurado que el lunes serán aún más.
Además, ha señalado como responsables al fondo de inversiones que adquirió el edificio y a los políticos. Así, ha reclamado explicaciones al president, Salvador Illa, y a la consellera de Interior, Núria Parlon, por la hora prevista para el nuevo intento de desahucio.
El afectado de este primer desalojo es Josep Torrent, un profesor de 49 años que lleva más de dos décadas viviendo en este inmueble pagando un alquiler de 700 euros. Se le acabó el contrato en 2021, pero ha seguido pagando, sin irse, para "presionar" al fondo Lioness Inversiones, que adquirió el edificio en 2021, a negociar.
Tras dos años de procedimientos judiciales, sin embargo la Audiencia Provincial ratificó el desahucio decretado por un juzgado de Barcelona y lo fijó para este viernes, 31 de enero, aunque ahora se ha pospuesto. Su desalojo es el primero, pero hay otros seis pisos pendientes de la ejecución de su desahucio en este mismo inmueble, convertido en un símbolo de la lucha contra la especulación.
Vigilia y protesta vecinal
Ya la víspera, un centenar de personas pasó la noche acampados en el interior y el exterior del edificio. Por la mañana, decenas más se unían a la concentración en la calle Consell de Cent, obligando a cortar el tráfico en esta vía. Una gran pancarta colgada de la fachada reza: "No se podrán desahuciar, defendemos la casa Orsola".
La concentración ha transcurrido en un ambiente tranquilo, amenizada por una banda de música que tocaba desde un balcón. "Tenemos que estar aquí para solucionar este problema, porque nos están comiendo poco a poco; hasta ahora nos hemos dejado comer, pero ahora los que tenemos hambre de guerra somos nosotros", ha declarado a la agencia Efe Cristiana, una de las manifestantes.
"Es una vergüenza, la gentrificación de vecinos de Barcelona es una tónica y hoy es un día de resistencia y de lucha muy significativa para Barcelona", ha afirmado por su parte otro ciudadano, Eloi. Por su parte, Pau ha considerado que se deberían aplicar "leyes más fuertes que permitan apoyar al vecino de toda la vida en Barcelona y no a los fondos buitres". "Es triste, este barrio está cambiando mucho y se va gente de toda la vida", ha lamentado otra vecina de la zona, Mar.
Además, el jueves por la tarde, el Sindicat de Llogateres organizó una maratón de actos vecinales como actuaciones musicales y tertulias en el edificio para mostrar el rechazo a este desahucio, a los alquileres temporales y a la especulación inmobiliaria.
Un fondo de inversiones, en el foco
Lioness Inversiones compró las dos fincas del edificio en octubre de 2021. Entonces, según denuncian los vecinos, informó a los inquilinos de que deberían abandonar sus hogares al finalizar sus contratos. Tres años después, Josep es el primer vecino del inmueble que se enfrenta a un desahucio. Denuncia que el fondo quiere echar a todos los inquilinos para hacer alquileres de temporada, subiendo la renta de los 700 euros que él pagaba a los más de 2.000 que pagan los nuevos vecinos.
Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona y el Sindic de Greuges de la capital catalana han apostado en las últimas horas por la mediación para tratar de suspender el lanzamiento.