La familia de Marta del Castillo solicitó a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla que embargara el seguro de responsabilidad civil del piso propiedad de su asesino, Miguel Carcaño, para satisfacer parte de la indemnización de 340.000 euros a la que fue condenado.
Según informa 'Diario de Sevilla', la familia no percibirá esta indemnización de los seguros ya que la Audiencia ha rechazado la petición que realizaron los padres a través de su abogada. Lo hace en contra de la petición de la Fiscalía y de la propia defensa de Carcaño, que no se opuso.
La familia de la joven pidió el embargo de dos seguros: el tribunal argumenta su decisión señalando que el primero de ellos "excluye de manera categórica los daños que tengan su origen en infracción o incumplimiento voluntario de las normas que rigen las actividades aseguradas, ni las ocasionadas por actos dolosos o por negligencia grave del asegurado".
El segundo seguro, apunta el tribunal, excluye "las consecuencias de un acto de imprudencia temeraria o negligencia grave del asegurado, así como las derivadas de la participación del asegurado en catos delictivos".
El piso de la calle León XIII, donde fue asesinada Marta, fue embargado inicialmente por la Justicia para satisfacer la responsabilidad civil derivada de la condena, pero acabó siendo adjudicado a un banco en una subasta dentro de un procedimiento abierto por un juzgado de primera instancia por el impago de la hipoteca.
A principios del pasado abril de 2019,Carcaño propuso a la Audiencia desembolsar los 340.000 euros de indemnización a razón de 20 al mes, pero la Sección Séptima, que lo condenó a pagar 140.000 a cada uno de los padres de la joven y otros 30.000 a cada una de sus hermanas, lo rechazó.
Tras conocer la petición de Carcaño, la Fiscalía solicitó al juzgado que investigase su patrimonio para averiguar si podía pagar más de 20 euros mensuales, pero el resultado de esas pesquisas fue que Carcaño no disponía de ingresos ni propiedades, al margen de la remuneración que recibe en la cárcel por los trabajos que realiza allí.
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Esta resolución se produce después de que un juzgado de Sevilla haya ordenado la reapertura de la causa para comprobar si la última investigación, que apunta a queel crimen pudo ser cometido por el hermano de Miguel Carcaño para esconder una estafa de 100.000 euros, puede conducir a dar con su paradero.
